MASC en Teror

El procedimiento de mediación MASC en Teror proporciona soluciones rápidas, económicas y participativas frente a los tribunales. Fomenta la comunicación entre las partes, minimiza los gastos procesales y permite alcanzar acuerdos personalizados que evitan largos procesos judiciales. Con la nueva regulación legal vigente, los MASC minimizan la tensión entre partes y coste económico a las partes. Además, resulta ágil y ajustable con prevención de futuros conflictos. La finalidad es alcanzar acuerdos de una forma mediada y libre de confrontación.

Los especialistas en mediación cuentan con inscripción en el Registro Oficial del Ministerio. No pueden intervenir si concurren causas que comprometan su neutralidad. Garantizan la equidistancia respecto de las partes, preservando la ecuanimidad de la mediación y del consenso derivado. La objetividad está asegurada mediante la intervención de un profesional cualificado y neutral, con formación y acreditación conforme a ley y sujeto a los principios de confidencialidad, equidad y transparencia.

Se recomienda promover en asuntos donde las partes puedan disponer del derecho y las partes deseen una solución ágil, confidencial y colaborativa. Resulta especialmente útil en disputas del ámbito civil o mercantil. Además, en aquellas materias en que la L.O.1/2025 impone la utilización de un MASC, la mediación impide que se rechace la demanda por falta de MASC o demoras evitables en la vía judicial. En otras controversias, es especialmente útil cuando se desea evitar el deterioro del vínculo personal o profesional, o preservar la confidencialidad de los hechos.

Si una de las partes no comparece sin alegar motivo válido, se entenderá que rechaza el proceso de mediación. Se tendrá por cumplido el requisito de procedibilidad y el mediador estará facultado para emitir certificación del intento de mediación, especificando qué parte no ha acudido (dicha información no es confidencial). Aunque el proceso no es de obligada continuación, su intento documentado es presupuesto procesal, por lo que la parte convocada debe justificar su ausencia si no desea exponerse a una eventual condena en costas.

El proceso de procedimiento de mediación en Teror comienza con una instancia presentada por cualquiera de las partes, o por mandato del tribunal competente. Una vez admitido, el mediador contacta a las partes para fijar una sesión informativa. En la sesión inicial de información, el mediador desarrolla el modo en que se llevará a cabo la mediación, el proceso de mediación y implicaciones legales de los consensos alcanzados. Además, el mediador hará referencia al contenido documental del proceso (acta inicial y acta final), los costes del proceso y su duración estimada. Desde ese momento, el tiempo estimado para alcanzar un consenso es de 30 días naturales.

El mediador elabora tanto un acta de apertura donde deja reflejada su identificación profesional, la identidad y los datos de las partes, el objeto de la controversia y la fecha de la sesión, como un acta de conclusión con el contenido consensuado, las fechas de las sesiones mantenidas, una manifestación formal de la buena fe procesal de las partes y la firma de las partes y el mediador. El mediador acredita la asistencia de las partes tanto a la sesión inicial como si deciden continuar con la mediación, y así se valida el presupuesto procesal exigido.

El mediador plasma el consenso —completo o limitado— en un documento y proporciona ejemplares a ambas partes. Dicho acuerdo posee eficacia jurídica vinculante para las partes. Puede ser formalizado notarialmente (efectos ejecutivos), y si hay procedimiento judicial abierto, puede interesarse su convalidación jurisdiccional.

La extensión en el tiempo de la mediación regulada en Teror depende de la complejidad del conflicto. En la mayoría de los casos, se concluye tras varias sesiones (habitualmente entre dos y cinco) de entre una y dos horas cada una. En menos de un mes suelen cerrarse muchos expedientes, lo que la convierte en una alternativa ágil frente a el juicio ordinario, que pueden prolongarse durante años. Si el proceso de mediación es el MASC elegido para atender la obligación legal de intento previo, no podrá exceder de 3 meses desde que el mediador recibe la solicitud.

El precio del procedimiento de mediación se distribuye de forma proporcional, a menos que las partes acuerden otra cosa. En algunos casos, como procedimientos derivados de órganos judiciales o extrajudiciales por derivación institucional, se contempla la exención total o parcial del coste. En caso de litigio contencioso con condena en costas, se podrá repercutir el MASC como gasto.

SI NO HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador redacta un ACTA FINAL, donde constan las referencias personales y profesionales de quienes intervienen, la fecha de inicio y fin, las sesiones celebradas, el objeto de la controversia y la constancia de la buena fe en la actuación y hará constar que no se ha alcanzado pacto alguno. El mediador emitirá ACTA que acredite la actividad negociadora para que pueda satisfacerse el presupuesto procesal legal.

SI HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador redacta un ACTA FINAL, con la identidad y el domicilio de las partes, de los asesores legales y el tercero neutral, el lugar y la fecha, los términos pactados entre los intervinientes, y que la tramitación se ha efectuado de acuerdo con la L.O.1/2025. El mediador documentará fielmente lo convenido, siendo ajustado al contenido acordado entre las partes. Los acuerdos tienen eficacia obligatoria para quienes los suscriben. En cualquier caso, el ACTA se firma por las partes y el mediador, y se hace entrega del documento a los interesados, conservando otra el mediador. Si el asunto está en trámite ante los tribunales o está sujeto a homologación procesal, las partes facilitan el documento a sus representantes legales para que actúen en consecuencia.

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