Mediación MASC en Baza

El procedimiento de mediación MASC en Baza brinda vías de resolución expeditivas, menos costosas y participativas como alternativa al proceso contencioso. Promueve la negociación directa entre las partes, reduce costes judiciales y permite alcanzar acuerdos personalizados que sustituyen el juicio ordinario. Con la nueva regulación legal vigente, los MASC minimizan la tensión entre partes y coste económico a las partes. Además, se trata de un proceso rápido y flexible con efecto disuasorio de nuevos litigios. Se busca resolver los conflictos de una forma cooperativa y pacífica.

Los especialistas en mediación figuran en el listado oficial del Ministerio de Justicia. Deben abstenerse si existe cualquier conflicto de interés. Se mantienen al margen de los intereses contrapuestos, protegiendo la imparcialidad del trámite y del acuerdo resultante. La objetividad está asegurada mediante la intervención de un experto independiente, debidamente acreditado y regido por los principios de confidencialidad, igualdad de trato y claridad.

Resulta aconsejable en asuntos donde las partes puedan disponer del derecho y exista voluntad de alcanzar un acuerdo eficaz, reservado y dialogado. Tiene especial aplicación en reclamaciones privadas de naturaleza civil o comercial. Además, en aquellas materias en que la L.O.1/2025 impone la utilización de un MASC, la mediación sirve como requisito previo para la admisión a trámite o dilaciones judiciales innecesarias. En conflictos no sujetos a MASC obligatorio, es especialmente útil cuando se desea evitar el deterioro del vínculo personal o profesional, o restringir la publicidad de la controversia.

En caso de que alguna parte no comparezca injustificadamente, se entenderá que declina voluntariamente la mediación. Se entenderá acreditado el intento de acuerdo y el mediador documentará la actuación conforme a la Ley, haciendo constar la parte incomparecida (dicha información tendrá carácter público a efectos procesales). Aunque la participación efectiva no puede imponerse, su acreditación es requisito de procedibilidad, por lo que debe acreditarse la imposibilidad de asistir si no desea exponerse a una eventual condena en costas.

El proceso de procedimiento de mediación en Baza comienza con una solicitud de una o ambas partes, o por remisión del órgano jurisdiccional. Una vez admitido, el mediador contacta a las partes para fijar una sesión informativa. En la primera sesión informativa, el mediador informa a las partes de la forma de trabajar, el proceso de mediación y implicaciones legales de los consensos alcanzados. Además, el mediador explicará los documentos requeridos en el procedimiento (acta inicial y acta final), los aranceles aplicables y el calendario de sesiones. Desde ese momento, el periodo aproximado hasta la resolución es de treinta días contados desde la aceptación.

El mediador redacta tanto un acta de comienzo donde hace constar su identificación profesional, la identidad y los datos de las partes, el objeto de la controversia y la fecha de la sesión, como un acta definitiva con el contenido consensuado, las fechas de las sesiones mantenidas, una manifestación formal de la buena fe procesal de las partes y la firma de las partes y el mediador. El mediador acredita la asistencia de las partes tanto a la sesión inicial como si deciden continuar con la mediación, y eso satisface el intento de negociación previa a la demanda.

El mediador documenta lo pactado —en su totalidad o parcialmente— en un documento y remite una copia a cada interviniente. Dicho acuerdo produce efectos similares a una sentencia firme para las partes. Se podrá elevar a escritura pública (valor ejecutivo), y si el asunto está judicializado, es susceptible de homologación procesal.

La duración de la mediación regulada en Baza depende de la naturaleza del asunto. En la mayoría de los casos, basta con entre dos y cinco reuniones de entre una y dos horas cada una. El tiempo medio para cerrar el procedimiento es inferior al mes, lo que la convierte en una solución eficaz frente a el proceso jurisdiccional, que suelen dilatarse de forma considerable. Si el proceso de mediación es el MASC elegido para cubrir la obligación procesal inicial, su duración máxima será de tres meses desde la aceptación.

El importe de la actuación mediadora es asumido equitativamente por las partes, a menos que las partes acuerden otra cosa. En algunos casos, como procesos remitidos por jueces o extrajudiciales por derivación institucional, puede preverse una reducción significativa del precio. En caso de procedimiento judicial con costas procesales, se podrá repercutir el MASC como gasto.

SI NO HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador redacta un ACTA FINAL, donde constan los datos identificativos de intervinientes y mediador, la fecha de inicio y fin, las reuniones mantenidas, el objeto de la controversia y la constancia de la buena fe en la actuación y hará constar que no han llegado a acuerdo. El mediador dejará constancia escrita del intento de mediación para que pueda satisfacerse el presupuesto procesal legal.

SI HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador levanta el acta de cierre, con las señas de identidad y localización de cada parte, de los representantes jurídicos y el profesional mediador, el lugar y la fecha, los compromisos contractuales de cada parte, y que la tramitación se ha efectuado de acuerdo con la L.O.1/2025. El mediador plasmará el contenido del pacto, siendo ajustado al contenido acordado entre las partes. Los acuerdos generan efectos vinculantes para los intervinientes. En cualquier caso, el ACTA se suscribe por todos los implicados en el procedimiento, y se proporciona copia a cada parte, conservando otra el mediador. Si el asunto ha sido judicialmente planteado o precisa aprobación jurisdiccional, las partes se lo entregan a sus letrados para que procedan a darle la forma que legalmente corresponda.

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