Mediación MASC en Aiguafreda

El procedimiento de mediación MASC en Aiguafreda proporciona alternativas diligentes, de bajo coste y cooperativas como alternativa al proceso contencioso. Impulsa el entendimiento mutuo entre las partes, evita gastos propios del litigio y permite alcanzar acuerdos personalizados que impiden dilaciones innecesarias. Con la entrada en vigor de la nueva Ley, los MASC permiten un menor desgaste emocional y suponen un menor gasto a las partes. Además, se caracteriza por su celeridad y adaptabilidad con efecto disuasorio de nuevos litigios. La finalidad es alcanzar acuerdos de una forma mediada y libre de confrontación.

Los especialistas en mediación figuran en el listado oficial del Ministerio de Justicia. Deben abstenerse si existe cualquier conflicto de interés. Garantizan la equidistancia respecto de las partes, protegiendo la imparcialidad del trámite y del consenso derivado. La neutralidad queda garantizada mediante la intervención de un tercero imparcial debidamente acreditado, avalado por la legislación vigente y comprometido con la discreción, justicia y transparencia.

Se recomienda promover cuando el objeto del conflicto sea disponible por las partes y exista voluntad de alcanzar un acuerdo eficaz, reservado y dialogado. Resulta especialmente útil en conflictos patrimoniales o empresariales. Además, en los casos que la Ley Orgánica 1/2025 exige un MASC, la mediación previene el archivo por falta de intento de acuerdo o demoras evitables en la vía judicial. En otras controversias, es especialmente útil cuando se busca preservar la relación entre las partes, o evitar la exposición pública del conflicto.

En caso de que alguna parte no comparezca injustificadamente, se entenderá que se niega a participar en el procedimiento. Se entenderá acreditado el intento de acuerdo y el mediador podrá certificar el intento de negociación, indicando cuál ha sido la parte ausente (dicha información queda excluida del deber de confidencialidad). Aunque la participación efectiva no puede imponerse, su acreditación es requisito de procedibilidad, por lo que la parte convocada debe justificar su ausencia si no desea exponerse a una eventual condena en costas.

El proceso de procedimiento de mediación en Aiguafreda comienza con una solicitud de una o ambas partes, o por propuesta del juez en el proceso. Una vez admitido, el mediador se pone en contacto con las partes para programar una primera sesión. En la sesión inicial de información, el mediador informa a las partes de la forma de trabajar, el proceso de mediación y validez jurídica del resultado. Además, el mediador informará a las partes de los distintos documentos que se firman (acta inicial y acta final), de los honorarios y los plazos. Desde ese momento, el tiempo habitual de tramitación es de 30 días desde el inicio de la mediación.

El mediador levanta tanto un Acta inicial donde hace constar su nombre y número de registro, la identidad y los datos de las partes, el objeto de la controversia y la fecha de la sesión, como un Acta final con el contenido consensuado, las fechas de las sesiones mantenidas, una declaración solemne de la intervención de las partes de buena fe en el proceso y la firma de las partes y el mediador. El mediador certifica la asistencia de las partes tanto a la sesión inicial como si deciden continuar con la mediación, y esa intervención acredita el requisito de admisibilidad.

El mediador recoge el acuerdo —completo o limitado— en un acta final y facilita el texto a las partes implicadas. Dicho acuerdo equivale a un pronunciamiento firme para las partes. Se podrá elevar a escritura pública (fuerza ejecutiva), y si el asunto está judicializado, es susceptible de homologación procesal.

La duración de la mediación extrajudicial en Aiguafreda depende de la naturaleza del asunto. En la mayoría de los casos, se concluye tras varias sesiones (habitualmente entre dos y cinco) de entre una y dos horas cada una. En numerosos supuestos se alcanza acuerdo antes de 30 días, lo que la convierte en una opción expeditiva frente a la vía contenciosa, que pueden prolongarse durante años. Si el proceso de mediación es el MASC elegido para atender la obligación legal de intento previo, el procedimiento deberá cerrarse en un máximo de tres meses.

El importe de la actuación mediadora se distribuye de forma proporcional, excepto si se pacta otra distribución. En algunos casos, como procesos remitidos por jueces o canalizadas por organismos públicos, puede haber acceso gratuito o a tarifas reducidas. En caso de resolución judicial que imponga costas, se podrá repercutir el MASC como gasto.

SI NO HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador levanta acta final, donde constan los nombres y domicilios de las partes y del mediador, la fecha de inicio y fin, las comparecencias realizadas, el objeto de la controversia y la constancia de la buena fe en la actuación y hará constar que no ha existido consenso. El mediador emitirá ACTA que acredite la actividad negociadora para que pueda superarse el filtro de admisibilidad judicial.

SI HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador expide el documento final, con la identidad y el domicilio de las partes, de los asesores legales y el tercero neutral, el lugar y la fecha, los términos pactados entre los intervinientes, y que la mediación ha seguido lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2025. El mediador plasmará el contenido del pacto, siendo ajustado al contenido acordado entre las partes. Los acuerdos generan efectos vinculantes para los intervinientes. En cualquier caso, el ACTA se suscribe por todos los implicados en el procedimiento, y se proporciona copia a cada parte, conservando otra el mediador. Si el asunto ha sido judicialmente planteado o precisa aprobación jurisdiccional, las partes dejan en manos de sus letrados su tramitación y eventual convalidación.

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